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0 Por: Alejandro Jiménez Schroeder
Hace 25 años, Perú atravesaba uno de los momentos más oscuros de su historia bajo el régimen de Fujimori. Como quedó demostrado por los entes judiciales, Vladimiro Montesinos utilizó dinero público para comprar y controlar medios de comunicación. Hoy, en Colombia, se observan dinámicas que, aunque no idénticas, generan inquietudes similares y no encuentran aún una respuesta institucional efectiva.
No se trata únicamente del control normativo que obliga a las cadenas de comunicación a declarar la “publicidad política pagada”, la cual en muchos casos ni siquiera se reporta adecuadamente. El problema va mucho más allá: existen conglomerados económicos que, en su conjunto, influyen en la opinión pública y moldean el pensamiento social a través de mecanismos sutiles de alineación editorial y manipulación informativa.
Saliéndome un poco del tema, aunque sin alejarme del todo, me preocupa profundamente la situación que atraviesa Bogotá por la ausencia de un liderazgo sólido. Resulta alarmante la ineficiencia de Carlos Fernando Galán, que parece superar con creces la gestión de Peñalosa y los errores de Claudia López.
¿Y qué tiene que ver esto con los medios de comunicación? Todo. Bogotá ha caído en un estado de abandono institucional en el que la inseguridad y la falta de oportunidades son una realidad que agobia a los ciudadanos día a día. Sin embargo, esta percepción de deterioro no es necesariamente casual. En épocas electorales, el sentimiento de inseguridad suele ser capitalizado políticamente, favoreciendo a candidatos que promueven discursos de mano dura y represión. Es la vieja fórmula de crear o amplificar el problema para luego ofrecer la solución.
En ese contexto, el llamado “Proyecto Júpiter” no es solo un escándalo menor de ética o financiamiento mediático. Es un síntoma de un problema estructural más profundo en el periodismo colombiano: la ausencia de reglas antimonopolio que impidan la concentración de medios en manos de grandes grupos económicos, la debilidad en la financiación de medios independientes y públicos que garanticen el derecho a la información, y una preocupante falta de transparencia en el ecosistema informativo.
