En una región marcada durante décadas por el conflicto armado, el desplazamiento y la desigualdad, el consumo problemático de drogas y la vida en la calle plantean una pregunta que va mucho más allá de la seguridad: ¿qué ocurre con quienes sobreviven al margen de las instituciones y de sus propias comunidades?
En los Montes de María, entre Bolívar y Sucre, las huellas de la violencia no se encuentran únicamente en los relatos sobre masacres, desplazamientos y tierras abandonadas. También pueden reconocerse en formas de exclusión menos visibles que permanecen en los municipios de la región y que rara vez reciben la misma atención pública. Entre ellas están el consumo problemático de sustancias psicoactivas, la precariedad económica y las situaciones de vida en calle. El hombre al que todavía se llama despectivamente “toxicómano callejero” suele aparecer ante los demás reducido a una imagen: alguien que consume, pide dinero, duerme en el espacio público o altera la tranquilidad de una comunidad. Sin embargo, esa descripción dice muy poco sobre cómo llegó hasta allí y mucho sobre la manera en que una sociedad aprende a mirar —o a dejar de mirar— a quienes quedan en sus márgenes.
Una historia que comienza antes de la calle
La situación de calle difícilmente puede explicarse mediante una sola causa. Detrás pueden encontrarse rupturas familiares, desempleo, pobreza, desplazamiento, problemas de salud mental, violencia intrafamiliar, consumo de sustancias, pérdida de redes de apoyo o una combinación de varios factores. Por eso resulta insuficiente presentar a una persona exclusivamente como “drogadicto”, “toxicómano” o “habitante de calle”. El consumo puede ocupar un lugar determinante en su historia y producir consecuencias graves para su salud y su entorno, pero no necesariamente explica por sí solo el proceso que condujo a la exclusión. La pregunta periodística relevante no es únicamente qué consume una persona, sino qué ocurrió antes, qué instituciones estuvieron presentes, cuáles estuvieron ausentes y qué posibilidades reales existen para abandonar esa situación.
Esta cuestión adquiere una dimensión particular en los Montes de María. Durante décadas, numerosas comunidades de la región soportaron desplazamientos forzados, asesinatos, amenazas, despojo y fracturas profundas de sus estructuras familiares y comunitarias. La terminación o disminución de determinadas expresiones de violencia no elimina automáticamente sus consecuencias sociales. Una familia desplazada puede tardar años en reconstruir su economía; un joven que crece en condiciones de pobreza puede encontrar enormes dificultades para ingresar a la educación superior o al mercado laboral; una persona afectada por experiencias traumáticas puede necesitar una atención en salud mental que nunca llega. Las consecuencias de la guerra, en otras palabras, también pueden permanecer mucho después de que desaparezcan los hombres armados del paisaje cotidiano.
La palabra “toxicómano” posee una larga historia asociada a la clasificación médica y social de quienes presentan dependencia de determinadas sustancias, pero en el lenguaje cotidiano terminó adquiriendo una poderosa carga peyorativa. Cuando se combina con expresiones como “callejero”, la persona prácticamente desaparece detrás de la categoría. Ya no vemos a un ciudadano atravesando una situación de extrema vulnerabilidad, sino un problema que debe retirarse de una plaza, una esquina o un parque. Ese cambio aparentemente pequeño en el lenguaje tiene consecuencias: condiciona la manera de comprender el fenómeno y puede favorecer respuestas exclusivamente policiales allí donde también existen problemas de salud pública, pobreza y exclusión social.
Reconocer esa complejidad tampoco significa romantizar las drogas. El consumo problemático puede deteriorar gravemente la salud física y mental, destruir relaciones familiares, agravar situaciones de pobreza y exponer a las personas a diferentes formas de violencia. Las comunidades, además, tienen derecho a exigir seguridad y condiciones adecuadas de convivencia en sus espacios públicos. El desafío consiste precisamente en evitar una falsa elección entre los derechos de la comunidad y los derechos de quien consume. Una política pública seria necesita abordar simultáneamente la seguridad, la prevención, el tratamiento de las adicciones, la salud mental, la reducción de daños, la protección social y las posibilidades de reintegración.
¿Qué ocurre cuando alguien quiere salir?
Una de las preguntas fundamentales aparece cuando una persona decide cambiar su situación. Dejar una sustancia no resuelve automáticamente las condiciones materiales que rodeaban el consumo. Si después de un proceso de desintoxicación alguien continúa sin vivienda, empleo, ingresos, documentos, atención psicológica o una red familiar y comunitaria, las posibilidades de recaída siguen presentes. La rehabilitación, por ello, no puede reducirse a sacar temporalmente a una persona de la calle. Necesita continuidad y acompañamiento, además de mecanismos que permitan reconstruir progresivamente una vida autónoma.
En territorios rurales y municipios intermedios este desafío puede resultar todavía mayor. La oferta institucional especializada suele concentrarse en las grandes ciudades, mientras que las poblaciones alejadas enfrentan barreras económicas y geográficas para acceder a determinados servicios. El problema deja entonces de ser exclusivamente individual. También obliga a preguntar qué capacidad tienen las alcaldías, hospitales, instituciones educativas y organizaciones sociales de los Montes de María para identificar situaciones de consumo problemático, intervenir tempranamente y acompañar a quienes necesitan tratamiento. Una respuesta basada únicamente en desplazar a las personas de un lugar a otro puede modificar momentáneamente el paisaje urbano, pero difícilmente transforma las causas.
Una región que también ha aprendido a reconstruirse
Los Montes de María no pueden describirse solamente desde la violencia. La misma región que sufrió algunas de las consecuencias más severas del conflicto colombiano ha desarrollado experiencias comunitarias, culturales y campesinas que han convertido la memoria y la organización colectiva en herramientas de resistencia. La música, las prácticas tradicionales, la oralidad, los procesos juveniles y las iniciativas culturales han permitido recomponer vínculos allí donde la guerra intentó destruirlos. Esa experiencia puede resultar relevante cuando se piensa en políticas dirigidas a poblaciones vulnerables.
La cultura, naturalmente, no sustituye un tratamiento médico ni la atención especializada de una dependencia. Un taller artístico tampoco reemplaza la vivienda, el alimento o el empleo. Pero los procesos culturales pueden contribuir a algo que las políticas asistenciales olvidan con facilidad: reconstruir vínculos, identidad y pertenencia. Para una persona que lleva años siendo definida por aquello que consume o por el lugar donde duerme, recuperar la posibilidad de participar, aprender, producir y ser reconocida por una capacidad diferente puede formar parte de un proceso mucho más amplio de reintegración social.
La pregunta que queda en la calle
El hombre que duerme bajo un techo improvisado o camina bajo los efectos de una sustancia es la parte visible de un problema cuyas raíces pueden encontrarse mucho más lejos. Su presencia incomoda porque hace visible aquello que las ciudades y los pueblos preferirían mantener fuera de escena: pobreza, enfermedad, soledad, violencia, abandono institucional y desigualdad. Sacarlo de una esquina puede ser relativamente sencillo. Explicar cómo llegó allí y construir condiciones para que no tenga que regresar resulta considerablemente más difícil.
Por eso, hablar del llamado “toxicómano callejero” en los Montes de María exige cambiar el enfoque. La noticia no debería limitarse al consumidor ni al episodio que llama la atención en el espacio público. La historia está también en las instituciones que deberían atenderlo, en los recursos disponibles, en las familias que intentan sostenerlo, en las comunidades que conviven con el problema y en las políticas que funcionan o fracasan. Allí está el verdadero trabajo periodístico: convertir una escena cotidiana que suele provocar rechazo en una pregunta verificable sobre las responsabilidades del Estado y de la sociedad.
Los Montes de María han tenido que aprender durante décadas que reconstruir un territorio significa mucho más que recuperar carreteras, cultivos o edificios. También implica recomponer relaciones humanas destruidas por la violencia y ofrecer oportunidades a quienes quedaron en los márgenes. Frente al consumo problemático y la situación de calle, el desafío vuelve a ser parecido: dejar de preguntarnos solamente cómo sacar a alguien de nuestra vista y comenzar a preguntarnos qué tendría que cambiar para que esa persona pudiera regresar realmente a la sociedad.
