Gustavo Petro en su encuentro con el padre Luigi Ciotti. Foto: Presidencia
El encuentro entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el sacerdote italiano Luigi Ciotti abrió una conversación alrededor de uno de los desafíos más complejos de las sociedades contemporáneas: cómo enfrentar las estructuras criminales que se alimentan de la corrupción, la desigualdad y la apropiación ilegal de recursos públicos y privados.
Luigi Ciotti es fundador y presidente de Libera, una organización nacida en Italia en 1995 que trabaja en la promoción de la legalidad democrática, la memoria de las víctimas de las mafias y la recuperación social de bienes confiscados a organizaciones criminales.
Uno de los aspectos más reconocidos del trabajo de Libera es su impulso al uso social de propiedades incautadas a las mafias. En Italia, después de procesos judiciales, numerosos terrenos, edificios y otros bienes pertenecientes a organizaciones criminales han sido entregados a cooperativas, asociaciones y proyectos comunitarios para beneficiar a la ciudadanía. Esta experiencia se convirtió en un referente internacional de cómo transformar símbolos del poder criminal en espacios de reconstrucción social.
Durante la reunión, Petro y Ciotti intercambiaron experiencias relacionadas con la justicia social, la transición energética, la Reforma Agraria y las políticas de inclusión. Desde el Gobierno colombiano se ha señalado que la recuperación de tierras y la democratización del acceso a la propiedad rural son elementos centrales para transformar territorios afectados históricamente por el conflicto armado y las economías ilegales.
La experiencia italiana con los bienes recuperados de las mafias tiene puntos de conexión con los procesos colombianos de extinción de dominio. En Colombia, la ley permite que bienes vinculados a actividades ilícitas puedan pasar al Estado y ser destinados a fines sociales. El reto consiste en garantizar que estos procesos sean transparentes, eficientes y tengan un impacto real en las comunidades.
El diálogo entre ambos líderes también refleja una preocupación global: las economías criminales no funcionan únicamente mediante la violencia directa, sino a través de redes financieras, corrupción institucional y control territorial. Por ello, diferentes organizaciones internacionales han insistido en la importancia de combinar acciones judiciales con políticas sociales que reduzcan las condiciones que permiten la expansión del crimen organizado.
Más allá de las diferencias políticas que puedan existir alrededor del Gobierno colombiano, el encuentro pone sobre la mesa una discusión histórica: cómo lograr que los bienes obtenidos mediante actividades ilegales regresen a la sociedad y contribuyan al bienestar colectivo.
La lucha contra las mafias no solamente consiste en perseguir delincuentes, sino en reconstruir confianza ciudadana y fortalecer las instituciones. Si la tierra, la riqueza y los recursos que alguna vez estuvieron al servicio del crimen pueden convertirse en herramientas para la comunidad, ¿no representa esto una de las mayores derrotas simbólicas que puede sufrir una economía criminal?
