Por: Alejandro Jiménez Schroeder
El 16 de julio de 2026, el representante electo a la Cámara por el Centro Democrático, Jaime Arizabaleta, anunció que radicaría dos iniciativas legislativas: la denominada «Ley Anticapuchos», orientada a prohibir el uso de capuchas para ocultar la identidad durante manifestaciones, y un segundo proyecto sobre la libertad y seguridad de las universidades, con el propósito de ampliar las facultades de la Fuerza Pública para ingresar a los campus universitarios. Días después, ambas iniciativas fueron radicadas. El 31 de julio, tres estudiantes fueron atacados con arma blanca por un grupo de encapuchados dentro de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. De inmediato, el caso dejó de ser únicamente una investigación criminal para convertirse en el centro de un debate político que ya venía abierto semanas atrás.
La mayor herida no fue únicamente la física. También quedó lesionada la confianza dentro de la comunidad universitaria. El episodio reabrió las discusiones sobre la autonomía universitaria, la protesta, la seguridad y el alcance de la intervención estatal en los campus. Al mismo tiempo comenzaron a multiplicarse narrativas que presentaban a las universidades públicas como focos de criminalidad y reclamaban medidas de control cada vez más severas. Así opera la manipulación narrativa del miedo. Un hecho violento, que en principio exige verdad, justicia y una investigación rigurosa, puede transformarse rápidamente en un símbolo capaz de reorganizar la conversación pública. Poco a poco, el centro del debate deja de ser el esclarecimiento de los hechos y pasa a ser la sensación de inseguridad que estos producen. La emoción termina desplazando a la evidencia.
El miedo posee una enorme eficacia política porque simplifica la realidad. Allí donde existen hechos complejos, investigaciones en curso y responsabilidades aún por establecer, la narrativa del miedo ofrece respuestas inmediatas, identifica amenazas y construye la percepción de una crisis permanente. Bajo ese clima emocional, medidas que en circunstancias normales suscitarían un amplio debate comienzan a presentarse como inevitables o incluso urgentes.
La proximidad temporal entre el anuncio de los proyectos de ley y la agresión no demuestra, por sí misma, una relación causal. Sin embargo, sí invita a reflexionar sobre la rapidez con la que un hecho todavía bajo investigación fue incorporado a discursos políticos que ya defendían un mayor endurecimiento de las políticas de seguridad en las universidades. Esa velocidad merece un análisis crítico.
Defender la democracia exige algo más que condenar la violencia. Exige también impedir que el miedo sustituya a la deliberación pública. Toda agresión debe investigarse, toda responsabilidad debe esclarecerse y toda víctima merece justicia. Pero una sociedad democrática también debe preguntarse cómo se construyen los relatos alrededor de la violencia y quiénes se benefician de ellos.
Porque más allá de lo que determinen las autoridades, hay un hecho que ya ocurrió: alrededor de una agresión que merece justicia comenzó una disputa por el significado de ese acontecimiento. Y cuando el miedo se convierte en el principal argumento político, el verdadero riesgo ya no es únicamente la violencia física, sino la facilidad con la que una sociedad termina aceptando restricciones a sus libertades e instituciones democráticas en nombre de una supuesta crisis.
