Por: Yannai Kadamani Fonrodona, Ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes
Hace 27 años, en Colombia se materializó institucionalmente lo que con tanto fervor promulgó nuestra Constitución: considerar la cultura como fundamento de la nación. Así, la Ley 397 le dio carácter ministerial a la institución cultural del país. Esa y otras complementarias –como las del libro, el cine o los espectáculos públicos– han consolidado políticas culturales relevantes para Colombia y referentes en Iberoamérica.
Sin embargo, tras casi 30 años, el país ha entendido que ese propósito constitucional no requiere solo de apuestas institucionales, sino también del reconocimiento y participación activa de distintas identidades y expresiones artísticas y culturales. Por eso se necesita un marco normativo plural, de inversión subsectorial y gobernanza descentralizada.
Ese es el propósito de fortalecer la Ley General de Cultura, ya aprobada en primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara: construir sobre lo construido al actualizar y reequilibrar herramientas de financiación y exenciones tributarias, mejorar la gobernanza descentralizada, dignificar el trabajo cultural y garantizar la intersectorialidad con turismo, educación, trabajo, entre otros.
Porque las industrias culturales y las economías populares asociadas a oficios populares no solo construyen un relato de país, también aportan de manera sustancial a la economía. Más de 2,1 millones de personas trabajaban en el campo cultural. Eso representa el 9,2 % de quienes estaban ocupados en el país. Una cifra que muestra la urgencia de respaldar a este sector como se merece.
Críticas recientes, formuladas como en una caída de castillo de naipes por directivos del sector cultural en Bogotá, parten de algunas imprecisiones jurídicas y conceptuales. Por un lado, plantean objeciones sobre normas inexistentes –como facultades extraordinarias al presidente–; por otro, afirman la falta de socialización de un proyecto que fue discutido en más de 17 encuentros regionales por más de 5.000 personas, incluidas agremiaciones, consejos y asambleas de cultura en todo el país. No se trata de hacer afirmaciones demagógicas: fueron encuentros vis a vis, debates y diálogos a lo largo del país, incluyendo Bogotá. Además, la reforma cuenta con el aval del Ministerio de Hacienda, una exposición de motivos robusta y estudios de impacto económico.
Es comprensible que cada subsector busque mayor representación, pero para aspectos específicos se requieren leyes complementarias, como la Ley de la Música que será nuevamente radicada en el Congreso. Que las críticas omitan avances sustanciales –como que el proyecto propone el incentivo tributario más amplio en la historia para el patrimonio cultural; mantiene los principios de descentralización y reequilibrio en mecanismos de inversión al teatro, la música, la danza y el circo; y mencione conceptos indispensables como la Cultura Viva Comunitaria– indica que hay una lectura parcializada de la ley.
Desde el Ministerio hemos reafirmado nuestra disposición al diálogo técnico y a creer que gestores culturales con ideas políticas distintas pueden cooperar con éxito si se cree en beneficios colectivos. Esta ley no es de un gobierno: es del país cultural.
Lo que esperamos ahora es que en el Congreso se dé un debate que fortalezca el proyecto y no lo desvíe por diferencias políticas o aspiraciones personales inconclusas. Que el país sepa que esta ley reconoce su historia multicultural, respalda su presente descentralizado y le apuesta a la valorización de un futuro simbólico y económico. Nos acerca, cada vez más, a la cultura como fundamento de la nación.
Fuente: Ministerio de Cultura
