El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 abrió una discusión que va mucho más allá de las cuentas públicas. El Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó ante el Congreso un presupuesto por $635 billones, mientras que para el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes se proyectan $706.196 millones. La cifra pone bajo presión una pregunta decisiva: qué ocurrirá con la infraestructura pública que garantiza el acceso a la cultura, la memoria y el patrimonio del país.
La discusión adquiere una dimensión particular porque el propio presidente ha definido como uno de los ejes de su Gobierno una “batalla cultural” destinada, según expresó en su posesión, a recuperar valores asociados con la familia, el mérito, la disciplina, la ley, la patria, Dios y la responsabilidad individual. Por eso, reducir la discusión a una aparente contradicción entre hablar de cultura y destinar menos recursos sería insuficiente. El presupuesto también puede convertirse en un instrumento de esa disputa: financiar unas prioridades significa inevitablemente restar capacidad a otras.
La diferencia respecto de 2026 es considerable. El Ministerio cerró la administración anterior informando que el sector Cultura había contado ese año con $1,178 billones, de los cuales $761.000 millones correspondían a inversión. Para 2027, la propuesta asigna $706.196 millones al Ministerio, incluidos $354.416 millones para inversión. La comparación entre vigencias debe hacerse con cautela porque se enfrentan presupuestos en diferentes etapas del trámite fiscal, pero la caída proyectada de capacidad financiera es suficientemente significativa para encender las alarmas.
Lo que se juega no es solamente el tamaño de una burocracia estatal. Durante 2023-2026, el Ministerio reportó 26.280 apoyos y estímulos culturales distribuidos en 963 municipios, además de más de 1,4 millones de cupos de formación artística. También señaló que alrededor del 83 % de sus recursos se había distribuido territorialmente, con énfasis en regiones históricamente excluidas. Reducir la capacidad de inversión puede repercutir precisamente sobre ese tejido de convocatorias, formación, circulación, bibliotecas, infraestructura y organizaciones culturales.
«En 2022, año en que Gustavo Petro llegó a la Presidencia, el Ministerio de Cultura tenía un presupuesto inicial de $492.831 millones, de los cuales $159.111 millones correspondían a funcionamiento y $333.719 millones a inversión; para 2026, último año de su gobierno, el presupuesto del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes alcanzó $1,004 billones, con $331.094 millones destinados a funcionamiento y $673.000 millones a inversión.»
La preocupación alcanza además a instituciones cuya misión no depende de coyunturas ideológicas. El Archivo General de la Nación conserva y facilita el acceso al patrimonio documental del Estado, mientras el Instituto Colombiano de Antropología e Historia tiene responsabilidades centrales en investigación social y protección del patrimonio arqueológico. El propio ICANH destacó recientemente que durante el cuatrienio anterior su presupuesto llegó a duplicarse, expansión que permitió fortalecer investigación, sistemas de información y presencia institucional.
No existe hasta ahora evidencia oficial de que el PGN 2027 implique el cierre del Archivo General, del ICANH o de otras instituciones nacionales. Ese escenario no debe presentarse como un hecho. El riesgo más inmediato es otro: que una reducción prolongada de recursos termine debilitando programas, investigación, conservación, convocatorias, contratación especializada o presencia territorial.
Las salas de teatro permiten comprender el problema en pequeña escala. El Programa Nacional de Salas Concertadas existe precisamente para apoyar creación, circulación, formación, investigación y gestión en espacios escénicos cuya sostenibilidad no siempre puede depender de la taquilla. Su continuidad presupuestal importa porque, cuando desaparece una ayuda pública, el mercado no necesariamente sustituye el servicio cultural que desaparece con ella.
El Congreso tiene ahora la responsabilidad de decidir no solo cuánto gastar, sino qué capacidades culturales considera indispensables conservar. El proyecto debe ser discutido y aprobado antes de culminar su trámite legislativo, por lo que las cifras todavía pueden modificarse. La verdadera pregunta de la “batalla cultural”, entonces, quizá no sea si habrá más o menos cultura. Es qué cultura tendrá capacidad material para existir, circular y llegar a los ciudadanos. Porque una institución cultural no necesita desaparecer jurídicamente para dejar de cumplir su misión: basta con quitarle progresivamente los recursos con los que conserva, investiga, forma, programa y abre sus puertas.
