Las Emisoras de Paz de Colombia atraviesan uno de los momentos más delicados desde su creación. Tras la suspensión de su programación territorial en agosto de 2026, una petición ciudadana exige al Estado garantizar no solo su regreso al aire, sino su permanencia financiera, técnica, humana y administrativa. El reclamo va más allá de una parrilla radial: plantea una pregunta de fondo sobre el cumplimiento del Acuerdo de Paz y sobre el derecho de miles de personas, en regiones históricamente afectadas por el conflicto armado, a recibir información local, participar en el debate público y conservar espacios propios de expresión cultural.
La iniciativa, publicada en Change.org bajo el título “Garanticen la continuidad de las Emisoras de Paz en Colombia”, defiende estas frecuencias como una herramienta de información, participación, representación comunitaria y diversidad cultural. Su aparición coincide con una creciente controversia sobre el futuro del sistema público de comunicaciones y con advertencias de organizaciones defensoras de la libertad de prensa sobre los riesgos que enfrentan sus periodistas.
Las Emisoras de Paz no surgieron como una iniciativa convencional de radio estatal. Su creación quedó establecida en el punto 6.5 del Acuerdo Final de 2016, que ordenó poner en funcionamiento 20 emisoras FM de interés público para hacer pedagogía sobre los acuerdos, informar sobre su implementación y promover la convivencia y la reconciliación. Su presencia adquirió una dimensión especialmente importante en regiones donde durante décadas la guerra limitó la circulación de información y silenció voces comunitarias.
Por eso, cuando desde el 18 de agosto de 2026 las 20 emisoras dejaron de emitir su programación informativa y territorial y comenzaron a retransmitir contenidos musicales centralizados desde Bogotá, la decisión generó una reacción inmediata.
La Fundación para la Libertad de Prensa, la Misión de Observación Electoral y AMARC cuestionaron la medida y señalaron que una programación exclusivamente musical no puede sustituir la función informativa de estas frecuencias.
Según la FLIP, su programación beneficia a más de 463.000 personas. En muchos de estos municipios, la radio local cumple una función que puede ser vital: informar sobre desplazamientos, restricciones de movilidad, emergencias, presencia de actores armados, decisiones institucionales y acontecimientos que afectan directamente la vida cotidiana.
La discusión, sin embargo, adquirió una dimensión todavía más preocupante. Pocos días después de la suspensión, la FLIP y El Veinte denunciaron una escalada de mensajes públicos que asociaban a las Emisoras de Paz con propaganda de las FARC y el ELN. La organización documentó declaraciones del senador Enrique Gómez, quien las calificó como “megáfonos oficiales de las FARC”, y de la senadora Sara Castellanos, quien las vinculó con propaganda favorable a grupos guerrilleros.
La FLIP fue enfática: esos señalamientos carecen de sustento presentado públicamente y pueden poner en peligro a quienes trabajan en las emisoras. La advertencia resulta especialmente grave porque los riesgos no son hipotéticos.
Entre 2019 y 2026, la organización ha documentado entre trabajadores de las Emisoras de Paz desplazamientos, amenazas, un secuestro, citaciones realizadas por grupos armados, exposición de información personal y otras formas de intimidación. Una de las emisoras, además, está relacionada con una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En territorios donde diferentes actores armados disputan el control social, señalar a un periodista como aliado de una organización guerrillera no es una simple descalificación política. Puede convertirlo en objetivo.
La continuidad no debería depender del gobierno de turno
La petición ciudadana coloca sobre la mesa una cuestión que Colombia todavía no ha resuelto: ¿puede una herramienta creada como parte de un acuerdo de paz depender de la voluntad política de cada administración?
La propia FLIP ya había advertido antes de la actual crisis que la sostenibilidad de estas emisoras seguía siendo incierta y que, sin una política pública de largo plazo, su futuro podía quedar sometido a los cambios de gobierno.
La Defensoría del Pueblo reforzó esta preocupación el 23 de agosto de 2026. Aunque reconoció la facultad del nuevo Gobierno para revisar la programación de los medios estatales, recordó que las Emisoras de Paz no son emisoras públicas ordinarias y solicitó reevaluar su suspensión.
La controversia resulta aún más sensible porque dos días antes del cierre de la programación territorial, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones había anunciado el fin de lo que denominó un “aparato de propaganda” dentro del Sistema de Medios Públicos.
El comunicado oficial de MinTIC no señala específicamente a las Emisoras de Paz como propaganda de las FARC. Tampoco presenta allí un análisis de contenido que demuestre que estas frecuencias hayan cumplido semejante función. Sin embargo, el contexto obliga a una discusión sobre responsabilidad institucional.
Cuando desde el Estado se utilizan expresiones como “aparato de propaganda” para caracterizar un sistema periodístico y, pocos días después, periodistas territoriales son públicamente asociados con organizaciones armadas, resulta legítimo exigir claridad, pruebas y prudencia.
Una administración tiene derecho a revisar contratos, auditar recursos, modificar formatos y corregir posibles desequilibrios editoriales. Pero esas facultades no deberían traducirse en señalamientos generales que puedan afectar la legitimidad o la seguridad de quienes trabajan en zonas de alto riesgo.
Y puede significar debilitar uno de los pocos instrumentos de comunicación creados expresamente para acompañar la implementación del Acuerdo de Paz. El verdadero debate, por tanto, no es únicamente si las Emisoras de Paz deben seguir transmitiendo.
La pregunta es más profunda: ¿está dispuesto el Estado colombiano a proteger los espacios de comunicación nacidos del Acuerdo de Paz, incluso cuando cambian los gobiernos y cambian las mayorías políticas? Si la respuesta depende de quién ocupe el poder cada cuatro años, entonces el problema no será solamente el futuro de veinte frecuencias. Será la fragilidad de una política de paz que todavía no consigue convertirse plenamente en política de Estado.
