Las Emisoras de Paz de Colombia, creadas como parte del Acuerdo Final de 2016 para informar desde territorios golpeados por el conflicto armado, quedaron en el centro de una nueva controversia después de que Inravisión suspendiera desde el 18 de agosto de 2026 su programación informativa y territorial. La medida fue seguida por publicaciones políticas que las calificaron como instrumentos de propaganda de las FARC y el ELN, acusaciones que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y El Veinte consideran infundadas y peligrosas para los periodistas que trabajan en estas regiones.
La suspensión de la programación informativa y territorial de las 20 Emisoras de Paz abrió una discusión que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella todavía debe esclarecer: ¿qué pruebas sustentan la decisión del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de presentar la estructura informativa heredada del Sistema de Medios Públicos como un “aparato de propaganda”? La pregunta adquiere especial gravedad después de que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) advirtiera que los señalamientos que vinculan a estas emisoras con las FARC y el ELN pueden incrementar los riesgos contra la seguridad física y la vida de quienes trabajan en ellas.
El 16 de agosto de 2026, MinTIC publicó un comunicado titulado Se acaba el aparato de propaganda en el Sistema de Medios Públicos de Colombia. Allí, la ministra Alexandra Falla y la directora de Inravisión, Ángela Mora, anunciaron el cierre de la franja noticiosa y de opinión, la revisión de contenidos, formatos, contratos y convenios, y una transformación de la programación pública. El Ministerio afirmó que aproximadamente el 90 % de los recursos y del personal disponible estaba destinado a actividades periodísticas y presentó cifras sobre contratación.
Pero el comunicado no expone un análisis de contenidos que permita establecer qué programas constituyeron propaganda, cuáles periodistas participaron en ella, qué informaciones incumplieron criterios de pluralidad o equilibrio ni qué metodología utilizó el Gobierno para llegar a una calificación de semejante gravedad. Tampoco identifica específicamente a las Emisoras de Paz como propaganda de las FARC.
Esa ausencia de evidencia convierte la expresión en un asunto que merece control público. ¿Qué entiende MinTIC por “aparato de propaganda”? ¿Qué emisiones fueron evaluadas? ¿Quién realizó esa evaluación? ¿Existen informes técnicos, auditorías editoriales o estudios de contenido que respalden esa afirmación? Si existen, deberían ser conocidos. Si no existen, el Gobierno tendría que explicar por qué utilizó desde una institución del Estado un término capaz de desacreditar globalmente el trabajo periodístico del sistema público.
La secuencia posterior vuelve estas preguntas especialmente delicadas. El 17 de agosto, según la FLIP, la orden de suspender la programación territorial fue transmitida a directores de emisoras mediante WhatsApp. Desde el 18 de agosto las Emisoras de Paz dejaron de emitir su programación informativa local y comenzaron a retransmitir contenidos musicales centralizados desde Bogotá. La FLIP, la MOE y AMARC sostuvieron que la medida no era idónea, necesaria ni proporcional para realizar una revisión administrativa o editorial y solicitaron restablecer inmediatamente las emisiones territoriales.
Tres días después aparecieron acusaciones todavía más graves. La FLIP documentó que el senador Enrique Gómez calificó las Emisoras de Paz como “megáfonos oficiales de las FARC”, mientras Sara Castellanos afirmó que servían como propaganda de las FARC y el ELN. La organización sostuvo que estos mensajes vinculaban sin sustento a periodistas con grupos armados y podían generar un “riesgo exponencial” en los territorios.
¿Dónde están las pruebas del “aparato de propaganda”? MinTIC debe explicar sus señalamientos sobre los medios públicos
No existe evidencia que permita afirmar que el comunicado de MinTIC haya provocado directamente esas declaraciones. Pero resulta legítimo preguntar si desde el Gobierno se actuó con la prudencia necesaria al introducir públicamente la categoría de “aparato de propaganda” en un contexto donde periodistas territoriales ya enfrentaban amenazas y estigmatización.
La advertencia de la FLIP no es abstracta. Entre 2019 y 2026, la organización ha documentado entre integrantes de las Emisoras de Paz desplazamientos, amenazas, un secuestro, citaciones realizadas por grupos armados, exposición de información personal y personas sospechosas acercándose a instalaciones de las emisoras. Incluso existe una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relacionada con una de ellas. Por ello, calificar sin pruebas suficientes un ecosistema periodístico como propaganda puede convertirse en algo más grave que una exageración política. En territorios disputados por actores armados, asociar a un periodista con una guerrilla puede alterar la percepción que otros grupos tienen sobre su neutralidad y convertir una frase pronunciada desde Bogotá en un problema de seguridad a cientos de kilómetros.
La propia jurisprudencia constitucional refuerza esta responsabilidad. La Corte Constitucional ha señalado que los funcionarios públicos deben observar un deber especial de constatación razonable de los hechos que fundamentan sus pronunciamientos. También recuerda que, debido a su investidura, sus declaraciones pueden aumentar la vulnerabilidad de determinados grupos y exacerbar escenarios de hostilidad.
La FLIP ha sido particularmente clara: las Emisoras de Paz fueron creadas en cumplimiento del punto 6.5 del Acuerdo Final para informar desde regiones golpeadas por la violencia, hacer pedagogía sobre el Acuerdo y ampliar la participación de campesinos, víctimas, comunidades indígenas, afrodescendientes, mujeres y otras voces territoriales. Suspender esa programación, señala la organización, restringe el acceso de comunidades enteras a información local. Cuando una institución estatal emplea semejante acusación, la carga de explicarla no puede recaer sobre los periodistas señalados. Debe recaer sobre quien la formula. De lo contrario, una estrategia de diferenciación política frente al gobierno anterior corre el riesgo de convertirse en una irresponsabilidad institucional que profundice la estigmatización de trabajadores cuya seguridad, según la FLIP, ya se encuentra amenazada.
La controversia comenzó en medio de la reorganización del Sistema de Medios Públicos impulsada por el nuevo Gobierno. El 16 de agosto, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones anunció el fin de lo que denominó el “aparato de propaganda” heredado en el sistema y comunicó una revisión de contenidos, formatos, contratos y franjas informativas. MinTIC señaló que la nueva programación tendría como pilares la cultura, el arte, la educación, la diversidad regional y la independencia editorial. Sin embargo, ese comunicado oficial no identifica específicamente a las Emisoras de Paz como propaganda de las FARC.
Dos días después comenzó la suspensión de la programación regional e informativa de las 20 frecuencias. Según el pronunciamiento conjunto de la FLIP, la Misión de Observación Electoral y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, las emisiones locales fueron reemplazadas por programación musical centralizada desde Bogotá. Las organizaciones sostienen que la medida afecta el acceso a información territorial de comunidades ubicadas en municipios históricamente atravesados por el conflicto.
El debate escaló el 21 de agosto en las redes sociales. La FLIP documentó que el senador Enrique Gómez describió las Emisoras de Paz como “megáfonos oficiales de las FARC” y habló de un “nido de propaganda”. La misma organización registró que la senadora Sara Castellanos afirmó que se trataba de una radio utilizada como propaganda en favor de las FARC y el ELN. Ambos señalamientos fueron cuestionados por la FLIP y El Veinte, que pidieron a los congresistas rectificarlos y aseguraron que la asociación con grupos armados carecía de sustento presentado públicamente.
La naturaleza de estas frecuencias está definida, sin embargo, por el propio Acuerdo Final de Paz. Su punto 6.5 estableció la creación de 20 emisoras FM de interés público en zonas afectadas por el conflicto, asignadas a RTVC, con el objetivo de realizar pedagogía sobre los acuerdos e informar acerca de su implementación. El texto también contempló participación de organizaciones de víctimas, organizaciones comunitarias y el sector surgido del proceso de reincorporación en distintas etapas de su programación.
La Defensoría del Pueblo intervino el 23 de agosto para solicitar que la suspensión fuera reevaluada. El organismo recordó que las Emisoras de Paz no son frecuencias públicas ordinarias: su programación informativa, cultural y pedagógica busca visibilizar comunidades afectadas por la guerra, garantizar información de interés público y fortalecer procesos de reconciliación y reconstrucción del tejido social.
La estigmatización tampoco comenzó en 2026. En septiembre de 2024, RTVC emprendió acciones legales después de denunciar señalamientos contra el sistema y sus periodistas. Entonces, Yesenia Polanía, coordinadora de las Emisoras de Paz, aseguró que a sus trabajadores se les acusaba de ser “terroristas” y de hacer “apología a la violencia”, y advirtió que esas expresiones incrementaban los riesgos en territorios afectados por grupos armados.
Emisoras de Paz bajo estigmatización: acusaciones de propaganda de las FARC reabren debate sobre la radio pública
Ese riesgo tiene antecedentes concretos. Entre 2019 y 2026, la FLIP documentó entre trabajadores de estas emisoras desplazamientos, amenazas, un secuestro, citaciones realizadas por grupos armados y otras formas de intimidación. La organización advierte que vincular sin pruebas a periodistas territoriales con organizaciones armadas puede incrementar su exposición en regiones donde informar ya supone riesgos excepcionales.
La revisión de las fuentes institucionales consultadas para este artículo no encontró una decisión judicial, informe de organismo de control ni evidencia oficial que establezca que las 20 Emisoras de Paz funcionen como aparatos de propaganda o apología de las FARC. Lo comprobable hasta ahora es la existencia de una disputa política sobre el modelo de medios públicos y, paralelamente, una batalla por el significado de unas emisoras concebidas originalmente para llevar información, cultura, memoria y reconciliación a territorios marcados por la guerra.
En ese escenario, el futuro de las Emisoras de Paz trasciende una discusión sobre parrillas radiales. Lo que está en juego es cómo entiende el Estado la comunicación pública en los territorios: como un espacio sometido a los cambios de orientación de cada gobierno o como una infraestructura de información, participación cultural y construcción de ciudadanía vinculada a compromisos surgidos del Acuerdo de Paz. Por eso MinTIC debería responder. No solamente sobre contratos o presupuestos, sino sobre las palabras utilizadas para justificar su transformación de los medios públicos. ¿Dónde está la evidencia del supuesto “aparato de propaganda”?
