¿El «Mato Grosso colombiano»? La Orinoquía de cara a su destrucción.
Desde hace algunos meses ha comenzado a circular una idea que, para muchos, parece tan ambiciosa como inquietante: convertir la Altillanura colombiana en una versión del estado brasileño de Mato Grosso, uno de los mayores polos agroindustriales del mundo. Bajo la promesa de aumentar la producción de soya y maíz, reducir las importaciones de alimentos y fortalecer las exportaciones, esta visión plantea transformar millones de hectáreas de la Orinoquía mediante grandes inversiones en infraestructura y agricultura extensiva.
La propuesta suele presentarse como una oportunidad histórica para el crecimiento económico. Sin embargo, detrás de las cifras de productividad, las proyecciones de inversión y las promesas de empleo emerge una pregunta mucho más profunda: ¿qué costo ambiental, cultural y democrático tendría convertir uno de los ecosistemas más diversos de Colombia en un gigantesco corredor agroindustrial?
La comparación con Mato Grosso parte de una premisa aparentemente sencilla: si un territorio con suelos similares logró convertirse en una potencia agrícola, la Orinoquía podría recorrer el mismo camino. Pero esa analogía simplifica una realidad mucho más compleja. Mato Grosso representa uno de los mayores casos de expansión del agronegocio en América Latina, acompañado por profundas controversias relacionadas con los monocultivos, la pérdida de biodiversidad, la presión sobre los recursos hídricos y los conflictos territoriales con comunidades tradicionales e indígenas.
La verdadera pregunta no es si Colombia tiene la capacidad técnica para aumentar su producción agrícola. La pregunta es otra: ¿es deseable convertir la Orinoquía en un inmenso laboratorio agroindustrial?
Quienes defienden esta visión presentan la transformación de la Orinoquía como una oportunidad histórica para el desarrollo nacional. Pero el concepto mismo de «desarrollo» merece ser examinado críticamente. Mato Grosso es, sin duda, un éxito desde la perspectiva de la producción agrícola. También es uno de los símbolos más visibles del avance de los monocultivos sobre ecosistemas naturales, de la expansión de la frontera agropecuaria y de las tensiones entre agronegocio, pueblos indígenas y conservación ambiental.
¿Es ese realmente el modelo que Colombia desea replicar? La Orinoquía no es un territorio vacío esperando ser aprovechado. Es un mosaico de sabanas, bosques de galería, humedales, morichales y corredores ecológicos fundamentales para la regulación hídrica y climática del país. En ella habitan decenas de pueblos indígenas cuyos vínculos con el territorio no pueden reducirse a un problema de productividad agrícola.
El lenguaje con el que suele describirse esta propuesta responde a una lógica inquietante: la tierra aparece como una superficie disponible para ser «habilitada», «aprovechada» o «puesta a producir». Esa narrativa ignora que los territorios poseen dimensiones culturales, históricas y ecológicas que no pueden medirse únicamente en toneladas por hectárea o en crecimiento del PIB.
Resulta especialmente preocupante que una de las primeras exigencias planteadas para hacer viable este tipo de proyectos sea modificar el marco jurídico que regula la propiedad de la tierra.
Con frecuencia se propone flexibilizar las restricciones para acumular grandes extensiones rurales, revisar mecanismos de restitución de tierras y crear condiciones más favorables para inversiones agroindustriales de gran escala. Sin embargo, estas normas no surgieron por casualidad. Fueron diseñadas para enfrentar problemas estructurales que Colombia arrastra desde hace más de un siglo: la extrema concentración de la propiedad rural, el despojo de tierras durante el conflicto armado y la exclusión histórica del campesinado.
Presentarlas simplemente como «barreras al desarrollo» supone invisibilizar las razones sociales, históricas y políticas que motivaron su creación.
También resulta llamativo que el entusiasmo por atraer grandes capitales internacionales contraste con la escasa discusión pública sobre los mecanismos de participación ciudadana. Un proyecto que pretende transformar millones de hectáreas durante las próximas dos décadas no puede construirse únicamente desde oficinas técnicas, gremios económicos, organismos financieros o centros de decisión alejados del territorio.
La pregunta central debería ser otra: ¿quiénes decidirán el futuro de la Orinoquía?
¿Los habitantes del territorio? ¿Los pueblos indígenas? ¿Las comunidades campesinas? ¿Las autoridades ambientales? ¿O principalmente los actores económicos interesados en expandir la producción agroindustrial?
La experiencia latinoamericana demuestra que los megaproyectos suelen llegar acompañados de una promesa recurrente: empleo, modernización y prosperidad. Sin embargo, también han dejado una larga historia de conflictos por el acceso al agua, pérdida de biodiversidad, desplazamientos, transformación acelerada de los paisajes y concentración económica.
El problema no consiste únicamente en sembrar más soya o producir más maíz. El verdadero debate es qué modelo de desarrollo está dispuesto a asumir Colombia.
La seguridad alimentaria constituye un objetivo legítimo y reducir la dependencia de las importaciones puede fortalecer la economía nacional. Pero esa discusión no debería convertirse en una justificación para debilitar las salvaguardas ambientales, relativizar los derechos territoriales o reducir la naturaleza a un simple activo económico.
Existe además una dimensión cultural que suele quedar fuera de las proyecciones financieras. La Orinoquía alberga conocimientos ancestrales sobre el manejo del agua, los ciclos ecológicos y el uso del territorio que difícilmente aparecen en los estudios de rentabilidad. Cuando un paisaje cambia radicalmente, no solo desaparecen especies o coberturas vegetales: también pueden desaparecer lenguas, prácticas tradicionales, formas de organización comunitaria y memorias colectivas construidas durante siglos.
En última instancia, el debate no enfrenta a quienes defienden el crecimiento económico contra quienes promueven la conservación ambiental. La verdadera discusión consiste en determinar si Colombia quiere repetir un modelo extractivista basado en la expansión permanente de la frontera productiva o construir una estrategia de desarrollo capaz de reconocer los límites ecológicos y la diversidad cultural del país.
La Orinoquía no necesita convertirse en una copia de Mato Grosso para demostrar su potencial. La verdadera innovación no consiste en repetir un modelo agroindustrial diseñado para maximizar la productividad, sino en construir uno capaz de armonizar biodiversidad, soberanía alimentaria, conocimiento ancestral y desarrollo local. De lo contrario, el país corre el riesgo de confundir riqueza con rentabilidad y progreso con la transformación irreversible de uno de los territorios bioculturales más importantes de América del Sur.
«`
